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En el radar de la justicia los exgobernadores derrotados en las urnas

29 de marzo de 2017 03:57 AM
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En el radar de la justicia los exgobernadores derrotados en las urnas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De confirmarse la orden de aprehensión que supuestamente emitió la Fiscalía General de Chihuahua en su contra, el aún priista César Duarte Jáquez se sumaría a la lista de los exgobernadores cuyos partidos fueron derrotados en las elecciones más recientes y quienes enfrentan ahora problemas con la justicia, desde investigaciones hasta condenas de cárcel.

En cambio, en los estados donde no hubo transición partidista, los exgobernadores no se encuentran en el radar de la justicia.

El caso más notorio es el del veracruzano Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia desde el pasado 19 de octubre. La PGR investiga al expriista por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal, entre otros. Desde que el veracruzano, heredero del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, se esfumó, las autoridades le catearon varias propiedades y empresas.

En enero pasado, agentes de la PGR aseguraron 25 inmuebles en Quintana Roo, varios de los cuales estarían vinculados a prestanombres y familiares de Roberto Borge Angulo, el exgobernador de la entidad, también priista. En febrero, empresarios interpusieron una denuncia ante la PGR por desvío de recursos a través de empresas “fantasma”.

El priista duranguense Jorge Herrera Caldera, por su parte, trató de conseguir un amparo en noviembre pasado para protegerse de una eventual orden de aprehensión, derivada de la investigación que realizan las autoridades de la entidad –que pasó a manos panistas en las últimas elecciones– sobre la explosión de la deuda estatal a cerca de 15 mil millones de pesos durante su mandato. En diciembre pasado, el Consejo de la Judicatura Federal le negó el amparo.

En enero pasado, la Procuraduría de Michoacán anunció que tenía abiertas dos investigaciones contra los exgobernadores priistas Fausto Vallejo Figueroa y Salvador Jara Guerrero por probable malversación de recursos. La Secretaría de la Contraloría de Michoacán identificó irregularidades que alcanzarían los 3 mil 759 millones de pesos.

Si bien durante los primeros cuatro años de mandato de Enrique Peña Nieto la violencia alcanzó niveles similares a los peores años del sexenio del panista Felipe Calderón, hasta la fecha ninguno de los gobernadores presos o bajo investigación enfrenta cargos por vínculos con organizaciones del crimen organizado o el tráfico de narcóticos.

Otros exmandatarios fueron señalados –o incluso denunciados– por su supuesta participación en acciones de enriquecimiento ilícito y otros actos criminales.

Entre ellos destacan el priista tamaulipeco Egidio Torre Cantú, quien detonó la deuda pública en mil 96% durante su sexenio y fue señalado por adquirir una casa extremadamente costosa, o el guerrerense Ángel Aguirre Rivero, quien era gobernador de la entidad bajo la bandera del PRD –aunque con más de 35 años de militancia en el PRI– durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Desde diciembre pasado, fecha en la que Miguel Alonso Reyes dejó la gubernatura de Zacatecas –que ocupó entre 2010 y 2016 bajo las siglas del PRI–, el político fue denunciado en dos ocasiones ante la PGR por una diputada de oposición. Lo acusó de haber participado en los delitos de abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias y negociaciones ilícitas.

La PGR no ha informado sobre el avance de las investigaciones. Reyes se desempeña en la administración de Peña Nieto como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Son pocos los exgobernadores recientes quienes pisaron la cárcel o se encuentran actualmente tras las rejas.

El panista Guillermo Padrés Elías, quien gobernó Sonora entre 2009 y 2015, se encuentra actualmente en el Reclusorio Oriente, donde cumple un auto de formal prisión que le dictó un juez federal el pasado 16 de noviembre, por los delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto de 8 millones de dólares.

El viernes 17, un tribunal federal le otorgó un amparo para que la Fiscalía Especializada Anticorrupción de Sonora –una entidad ahora dirigida por la priista Claudia Pavlovich Arellano– transfiera la investigación en su contra a otra autoridad.

Para el exgobernador nuevoleonés Rodrigo Medina de la Cruz, el periodo en la cárcel –a la que fue puesto por peculado y daño patrimonial al Estado– sólo duró 19 horas: en la noche del pasado 26 de enero, menos de un día después de ingresar al reclusorio de Topo Chico, una jueza federal ordenó su liberación con el pretexto de que el priista había conseguido un amparo.

Las autoridades de Nuevo León replicaron que este argumento era inválido, ya que el amparo que supuestamente protegía a Medina no aplicaba para el auto de formal prisión, sino para una decisión anterior. La justicia estima que el priista pudo haber otorgado más de tres mil millones de pesos de incentivos irregulares a la armadora KIA Motors.

El coahuilense Humberto Moreira, quien gobernó la entidad norteña entre 2005 y 2011 y fue presidente del PRI entre marzo y diciembre del mismo año, también pisó la cárcel durante un corto tiempo: una semana, del 15 al 22 de enero de 2016, en el penal de Soto Real, en España. La policía ibérica lo detuvo mientras descendía de su avión en el aeropuerto de Barajas y lo encarceló por el “riesgo concreto de fuga” que representaba.

En la Península ibérica se le acusó de los delitos de malversación y blanqueo de caudales públicos, además de los ilícitos de cohecho y pertenencia a una organización criminal (Los Zetas). Moreira fue liberado el 22 de enero, tras gestiones de la PGR y la embajada de México en Madrid. El siguiente 25 de mayo, la Sala Penal de la Audiencia Nacional archivó la causa y absolvió al político de los delitos en su contra.

Fuente: proceso.com.mx

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