Sueltan fondos a universidades sin capacidad

19 de febrero de 2015 11:32 AM

2 0

Sueltan fondos a universidades sin capacidad

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de febrero.- Al menos siete universidades públicas de diferentes estados fueron favorecidas por dependencias del gobierno federal, a través de contratos directos, pese a que no tenían la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los que se comprometieron en diferentes convenios.

Los resultados de la Cuenta Pública 2013 que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelan que siete instituciones de educación superior firmaron diferentes contratos para el desarrollo de proyectos, adquisiciones y otros servicios con dependencias como Sedesol, Pemex, SEP, Banobras y SCT.

La suma de los recursos auditados de esos convenios supera los 5 mil 520 millones de pesos, siendo la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) la que obtuvo el mayor monto, con más de dos mil millones de pesos.

En los diferentes contratos, la ASF detectó que esas universidades públicas tuvieron que subcontratar sin autorización de las dependencias federales a empresas particulares para cumplir con los compromisos contraídos, debido a que no contaban con la capacidad material o humana para cumplir el contrato.

El informe de esas auditorías señala “graves irregularidades” que han venido aplicándose entre universidades y dependencias de la administración federal desde hace 3 años, por lo que han ignorado las recomendaciones del organismo fiscalizador.

“Estos esquemas permiten en muchos casos eludir las licitaciones públicas, simular los servicios y las adquisiciones, subcontratar proveedores sin el perfil y sin la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios”, indica el informe.

Además de la UAEM, las instituciones que incurrieron en esos fraudes son la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Universidad Popular de la Chontalpa y la Universidad Tecnológica de Tabasco.

Los informes de la auditoría forense que efectuó la ASF muestran que en todas se adjudicaron proyectos y servicios al amparo de los artículos 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 4 de sus respectivos reglamentos.

Ante ese alto número de contratos que eluden las licitaciones, el organismo fiscalizador señaló que “persiste la práctica reiterada de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realicen adjudicaciones directas con universidades u otros institutos de educación para la contratación de adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, ejecución de obras públicas, estudios técnicos y supervisión”.

La UAEM, por ejemplo, subcontrató el 100% de los servicios con personas físicas y morales, sin presentar una carta a las dependencias contratantes. La muestra auditada de esos convenios supera los dos mil millones de pesos que a su vez la institución usó en subcontratos con particulares.

La Universidad Tecnológica de Tabasco suscribió convenios con Pemex Exploración y Producción por un monto ejercido en 2013 superior a los 338 millones de pesos, en los que la institución manifestó tener la capacidad técnica y humana, pero la ASF detectó que en esa declaración mintió, ya que tuvo que recurrir a terceros para cumplir el contrato.

El programa Escuelas Dignas presenta fallas en sus objetivos y resultados deficientes, ya que existen aspectos irregulares en su operación, aplicación y procedimiento, lo cual causó un detrimento en sus metas.

La revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2013 detectó que la SEP a través del Instituto de Infraestructura Física Educativa (INIFED) “no focalizó de manera precisa a la población objetivo”, ni tampoco estableció criterios para la selección de escuelas que recibieron el dinero para la mejora.

Además, la aplicación del programa tampoco contempló criterios sobre qué condiciones físicas debían tener los planteles para ameritar la entrega de dinero, ni se precisó el procedimiento para designar a las empresas que harían los trabajos de mejora, además de que tampoco se determinó el lapso en que la SEP debía otorgar el certificado a las escuelas que tuvieron acciones de mejoramiento y que cumplieron con lo establecido.

El programa Escuelas Dignas se implementó por primera vez en 2013 con el objetivo de mejorar el estado físico de los planteles de educación básica, los cuales después de utilizar el dinero en esas mejoras recibirían una certificación que avalaba tener las condiciones generales para proporcionar los servicios educativos.

Sin embargo, el organismo fiscalizador elaboró 16 recomendaciones, debido a que en su primer año de operación demostró inconsistencias que desvirtúan el objetivo de tener escuelas dignas para sus estudiantes.

En el dictamen, la Auditoría concluyó que el INIFED realizó mejoras en dos mil 675 escuelas; pero al revisar 337 expedientes de esas escuelas beneficiadas “se verificó que en el 88.7% de las acciones de mejora no fueron consistentes con las necesidades diagnosticadas, por lo que es posible inferir que en dos mil 373 escuelas de las dos mil 675 se presentó el mismo comportamiento”.

Aunado a ello, sólo 3.3%, equivalente a 89 escuelas, obtuvo el certificado total que las acredita como espacios dignos y aptos para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, lo cual también indica que el dinero invertido no se aplicó correctamente.

Fuente: excelsior.com.mx

A la página de categoría

Loading...