Riesgosa y confusa la iniciativa de menores

22 de septiembre de 2014 08:03 AM

2 0

Asegura que de avalarse la propuesta para crear la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, atentaría la libertad de expresión ya que incluye artículos que establecen límites al derecho de informar

México.- La iniciativa preferente que el presidente Enrique Peña Nieto envió el 1 de septiembre al Senado para crear la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, incluye artículos que establecen límites al derecho a la libertad de expresión y tiene ambigüedades que, de no subsanarse durante el debate legislativo, podrían abrir la puerta para amenazas a directivos y editores, y al control de la Segob sobre la agenda de los medios masivos de comunicación, advirtieron la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

La SIP identificó en la propuesta de los artículos 78, 80, 87 y 137 una vía “para coartar la libertad de prensa y expresión, con el agravante de condenar a prisión a periodistas, editores y directores de medios de comunicación”. Y manifestó su “preocupación” por un intento de criminalizar su labor, a través de una misiva que envió a los presidentes de las mesas directivas del Senado y de la Cámara Baja, los perredistas Luis Barbosa y Silvano Aureoles, respectivamente.

Según radiografía de la SIP, en Venezuela, Ecuador, Colombia y Uruguay se utilizaron reformas de protección a los menores frente a contenidos y publicidad como “caballos de Troya” para avanzar en restricciones a los medios en otras leyes.

Ernesto Villanueva, experto en derecho a la información, consideró que la iniciativa plantea una regresión muy grave en la materia “encapsulada” en un tema positivo para los menores del país. “Es una ley que bajo su espíritu loable está metiendo restricciones a los medios, está introduciendo candados como de contrabando”.

El artículo 137 de esta iniciativa establece que al empleado de un medio que tenga concesión para dar el servicio de radiodifusión o de medios impresos que publique nombre, imágenes, voz o información de menores sin autorización, se le castigará con pena de 2 a 4 años de prisión y multas de hasta 600 mil dólares.

“Imagínate una multa de esta naturaleza para un medio de comunicación pequeño o mediano, lo quiebras; acabas con él”, dijo Villanueva.

Adicionalmente, la SIP resalta la ambigüedad en el fraseo del artículo que derivaría —de no modificarse— a una incertidumbre jurídica para los representantes de medios.

El investigador consideró que el Congreso debe instalar mesas internas para dialogar con representantes, directivos y editores de medios de comunicación y dijo que las sanciones de tipo penal —con prisión— no están planteadas ni aun en la Ley de Imprenta ni estuvieron a ese nivel para castigar la difamación y la calumnia, tipos penales que ya no existen.

Issa Luna Pla, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró “exagerada” la posición de la SIP: “¿desde cuándo el derecho de libertad de expresión está por encima de derechos a la no violencia o salud de menores?”.

Aunque también identificó ambigüedades en el fraseo presentado en la iniciativa y propuso que en la ley se aclare que la barra de programación a menores se amplía de las 19:00 a las 21:00 horas, que coincidiría con otros países.

Los líderes parlamentarios del PAN y PRD en la Cámara Baja, José Isabel Trejo y Miguel Alonso Raya, anunciaron que no permitirán que la nueva Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que promovió el Ejecutivo trastoque la libertad de expresión.

El vicecoordinador del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, aseguró que el tricolor analizará a detalle la iniciativa y abrirá el espacio a todas las voces para que participen en el debate.

La SIP alertó del riesgo y pidió mesura en el análisis. Al respecto, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Romero Hicks, dijo que la preocupación de que la iniciativa se convierta en un instrumento para coartar la libertad de expresión, será tomada en cuenta por las comisiones dictaminadoras.

El líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, confió que en los próximos días, con aportaciones de todos los partidos, la iniciativa se traducirá en dictamen conforme al plazo que marca la ley.

El artículo 137 de esta iniciativa establece que al empleado de un medio que tenga concesión para dar el servicio de radiodifusión o de medios impresos que publique nombre, imágenes, voz o información de menores sin autorización, se le castigará con pena de 2 a 4 años de prisión y multas de hasta 600 mil dólares.

Lea también: Chanel anuncia que ya no empleará pieles de animales

Fuente: vanguardia.com.mx

A la página de categoría

Loading...