Proponen matizar ley de transparencia

19 de febrero de 2015 11:45 AM

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Proponen matizar ley de transparencia

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de febrero.- No sólo la Consejería Jurídica de la Presidencia le ha pedido al Senado atenuar la Ley General de Transparencia, sino también la UNAM, el INEGI y hasta la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) le han solicitado no abrir aspectos de la vida académica, estadística y de protección a las garantías individuales.

Ayer, las comisiones unidas de Anticorrupción, que preside Pablo Escudero, y de Estudios Legislativos Segunda, de Alejandro Encinas, así como el grupo parlamentario del PAN, difundieron los escritos que les han hecho llegar diferentes grupos e instituciones en torno de la Ley General de Transparencia, donde se observa que si bien la mayoría pide no dar pasos atrás, también hay peticiones de matizarla o de no abrir todo, como se propone originalmente.

Los panistas incluyeron el documento enviado por la Consejería Jurídica de la Presidencia, donde se observan las precisiones que plantea para diferentes temas, que tienen atorada la discusión y han sido señaladas por perredistas, panistas, IFAI y otros organismos como retroceso.

La difusión de todos los documentos permite ver que la petición de atenuar la ley no es sólo de la Consejería Jurídica, sino de otras instituciones.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) plantea varias observaciones, pero llama la atención que pida no ir por una apertura amplia en materia derechos humanos.

“El artículo 53 fracciones III y V indica que deberán ponerse a disposición del público la información de los expedientes en trámites relativos a las quejas o denuncias presentadas ante los organismos públicos de derechos humanos, así como las medidas cautelares solicitadas a las autoridades competentes para evitar la consumación irreparable de las presuntas violaciones a derechos humanos reclamadas o daños de difícil reparación.

“Dichas fracciones deben reformularse, pues la información de los expedientes y de las medidas cautelares debe ser considerada como reservada en tanto no se pueden poner en riesgo la investigación o la integridad física y/o mental de las personas relacionadas con los mismos. En su caso, estos organismos públicos sí estarían en condiciones de informar los datos de identificación de los expedientes, así como datos de carácter estadístico en lo que respecta a lo requerido en estas fracciones”, dice en su primera observación.

Añade que “el artículo 103 relativo a la información reservada debe incluir la información relativa a los expedientes en trámite de los asuntos de competencia de los organismos de protección de derechos humanos, ya que pueden afectar la investigación de los casos, o bien generar un riesgo en la protección de las víctimas y/o sus familiares, por lo que se propone incluir una fracción que les dé ese carácter”.

Otra institución que pide al Senado poner al menos tres límites a la apertura de la información es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que solicita que la deliberación de los órganos colegiados no sea pública, para “que se proteja la libertad de deliberación en dichos órganos, ya que de hacerse pública esa información podría, por un lado, inhibir la libertad de expresión en las discusiones y, por otro, se generarían fuertes conflictos en las comunidades académicas”.

Otro punto que pide la UNAM es que la información de los expedientes de los participantes en concursos de oposición abierto “no sean considerados como información pública, sino hasta que se agoten los recursos de revisión que, en su caso, se interpongan. De lo contrario, se pueden ver afectados gravemente los procesos de evaluación y se pueden generar fuertes conflictos”.

El INEGI le pide al Senado que esa ley incluya el supuesto vigente, en el sentido de que la información pueda ser clasificada como confidencial cuando sea entregada con ese carácter, por lo cual resulta importante para el Instituto que así se conserve.

Las fuerzas políticas del Senado refrendaron ayer el consenso mayoritario por Santiago Nieto para que sea el primer titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fepade) en su era autónoma, como parte de la libertad que tendrá la PGR, que se transforma en Fiscalía.

Como lo anunció Emilio Gamboa, presidente de la Junta de Coordinación Política, el pleno elegirá hoy al fiscal; anoche las fuerzas políticas reactivaron acuerdos, en impasse desde el 10 de diciembre, en favor de Nieto.

Algunos priistas no estaban de acuerdo con su perfil, que ven de filo perredista, cuando lo deseable es una Fiscalía sin preferencias políticas.

Pese al acuerdo por Nieto, aún suenan los nombres de Héctor Díaz Santana, Alejandro González Durán Fernández y Salvador Sandoval.

Fuente: excelsior.com.mx

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