Necesario tipificar "malas prácticas" como delito

19 de febrero de 2015 09:24 PM

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Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al referirse a la revisión de la Cuenta Pública 2013, explicó que todos los estados de la República tienen sus cuentas para los recursos propios, donde reciben lo correspondiente a participaciones fiscales; sin embargo, adicionalmente a esto y de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, deben establecer cuentas específicas para lo correspondiente a subsidios y programas como educación básica, salud, seguro popular y seguridad, entre otros.

Entrevistado en el noticiero "Atando Cabos", indicó que pese a esto los gobiernos estatales incurren comúnmente en la mala práctica de recibir los recursos, meterlos en cada una de las cuentas correspondientes y posteriormente sacarlos para colocarlos en una cuenta concentradora, donde caen todos los recursos y pagar lo que se les vaya presentando, lo que propicia una notable pérdida del control y demuestra la falta de un adecuado control financiero.

"Yo creo que es un crimen, ¿qué es lo que falta?, que esta mala práctica se pudiera volver ilegal, que pudiera ser sancionada como delito, es lo que nos hace falta, no está. Está permitido, no el que lo usen así, está permitido manejar sus recursos dentro de sus propias cuentas, de sus cuentas particulares de cada fondo, es lo que dicen los lineamientos."

En este sentido, destacó que la centralización del pago de la nómina magisterial es una medida que abonará mucho a reducir el mal uso de estos recursos, pues eran los más cuantiosos que recibían los gobiernos estatales, que tienden a financiar con ellos su falta de planeación, su excesivo gasto corriente o los compromisos que les dejaron en administraciones pasadas y pago de deuda.

Adicional a esto, continuó, estos fondos no cuentan con el principio de anualidad por lo que se pueden quedar con ellos al cierre del ejercicio y utilizarlo posteriormente, situación ante la que han propuesto desde hace tiempo que se aplique esta condición, a fin de que los gobiernos comprueben el gasto adecuado de los recursos durante el ejercicio fiscal determinado y en caso de no hacerlo, deben regresarlos a la federación.

El auditor Juan Manuel Portal confirmó que la mayor cantidad de irregularidades referentes al manejo de recursos, se encontraron en los destinados a programas sociales, segmento en el que han crecido considerablemente los fondos y las auditorías entre otras acciones como una mejor coordinación con los auditores locales, a consecuencia de las desviaciones recurrentes detectadas desde hace varios años.

"Estamos casi arriba del 50 por ciento del gasto, como muestra revisada por parte de la Auditoría Superior, es un muy buen nivel de revisión y creo que esto es lo que está permitiendo que se puedan empezar a inhibir este tipo de malas prácticas, pero hay que hacerlas evidentes, hay que publicitarlas y hay que perseguirlas", abundó.

Añadió que durante la revisión de la Cuenta Pública 2013 no hay nada destacable o sorprendente, pues se encontraron prácticas que se han repetido a lo largo de los años, ya que el gasto se ha mantenido bajo la misma estructura presupuestal, partidas específicas, necesidades, programas y demás.

Sin embargo, confirmó que un tema que a su parecer podría llamar la atención, es el círculo que tiene que ver con las contrataciones por asignación directa a entes del sector público, lo que actualmente es legal al amparo de los artículos de la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obra Pública, ya que se pueden prestar a desviaciones derivadas de la subcontratación y otras prácticas que abren la puerta a la corrupción.

En el caso de los proyectos de infraestructura, el auditor Juan Manuel Portal refirió que es un tema que requiere mayor supervisión y seguimiento, ya que siguen impulsándose obras sin tener el proyecto completo lo que implica costos excesivos, tiempos extraordinarios y retraso en la puesta en marcha de las obras.

Resaltó también que desde el año pasado se inició con la revisión a la adquisición de tecnologías de la información, como son servicios y equipos cuantiosísimos, "donde en ocasiones se contratan sistemas que no saben para qué son, o se suspenden a la mitad de su desarrollo y se pierde el recurso que se pagó, estamos hablando de muchos millones de pesos. En esto queremos poner una atención muy particular, creo que es importante".

Finalmente, el funcionario indicó que luego de identificar y señalar las irregularidades, la ASF buscará recuperar la mayor cantidad de recursos posibles, a fin de que se usen para lo que fueron aprobadas; en el caso de aquello que no se solventa, se inicia con el proceso de promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias ante los contralores estatales y el proceso de pliegos resarcitorios contra servidores públicos, esto en caso de que se confirme el desvío de recursos.

Fuente: radioformula.com.mx

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