Criminalizar la pobreza

19 de febrero de 2015 11:00 AM

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Más de un político populista, a la izquierda y a la derecha del espectro, ha culpado a la pobreza por los altos índices de criminalidad y violencia en América Latina. Pero este juicio errado, patrocinado por quienes no quieren admitir su responsabilidad, se extiende a otras regiones y contamina gradualmente el pensamiento de algunos organismos internacionales como las Naciones Unidas.

Por ejemplo, en el informe global sobre homicidios, producido por la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen, se sugiere que la pobreza y la desigualdad son factores que explican el aumento significativo en los índices delictivos en América Latina. Curiosamente en África que es mucho más pobre, los índices de homicidio no se han disparado y la agencia no ofrece una explicación coherente al respecto.

Me queda muy claro que la pobreza es un problema gravísimo, pero no debemos confundirnos. La propensión a cometer delitos no aumenta con la escasez de recursos económicos: recordemos simplemente que todos y cada uno de los crímenes de cuello blanco que se cometieron en Wall Street y que nos llevaron a la Gran Recesión, fueron perpetrados o diseñados por millonarios y la gran mayoría de ellos siguen impunes.

Pero el informe de la ONU incluye información valiosa que debemos considerar: por ejemplo, en 2012 fueron asesinadas casi medio millón de personas alrededor del mundo. El 36% de estos homicidios tuvieron lugar en nuestro continente —Europa, en contraste, sólo registra el 5% de estos eventos. En la mayor parte de las regiones, la tasa de homicidios ha decrecido, no así en América Latina. ¿Qué está pasando?

El estudio de la ONU acertadamente indica que existe una clara relación entre los niveles de impunidad y las tasas de homicidio: algo que claramente está pasando en México —y en Centroamérica.

Un factor determinante que explica los altos índices de violencia es la vulnerabilidad del sistema de justicia o la carencia del Imperio de la Ley. La incapacidad del Estado de llevar ante la justicia a los homicidas es un factor clave para explicar este fenómeno: la impunidad genera violencia.

De acuerdo con este informe, a nivel global la policía generalmente responde de manera rápida y expedita ante un homicidio: en más de 60% de los casos la policía es capaz de identificar y arrestar a uno o varios sospechosos. No obstante, independientemente de la estadística global, las diferencias regionales pueden ser significativas: en Europa y Asia el 85% de los casos se lleva ante un tribunal mientras que en nuestro continente, menos del 50%. Respecto a las tasas de condena, en Europa son en promedio del 81%, 48% en Asia y 24% en el Continente Americano. De acuerdo con el INEGI, la tasa de condena en México es ridícula: 5%. Definitivamente, algo fundamental está fallando en los sistemas de justicia latinoamericanos.

El índice global de homicidios se ubica en 6.2 ocurrencias por cada 100,000 habitantes, pero al sur de África y América Central encontramos tasas que son cuatro veces superiores —en México tenemos una tasa de alrededor de 22 homicidios por cada 100,000 habitantes. En general, nuestro continente muestra niveles de violencia cinco a ocho veces superiores a los de Europa. Países como Honduras, Venezuela, Belice y El Salvador reportan tasas de 90, 54, 45 y 41 homicidios por cada 100,000 habitantes, respectivamente. Niveles francamente intolerables.

De acuerdo con este reporte, la disponibilidad de armas contribuye definitivamente a explicar la violencia, especialmente las armas de fuego que son el instrumento más utilizado para cometer homicidios: el 40% de éstos a nivel mundial se llevan a cabo con armas de fuego y mientras más fácil sea conseguirlas, mayor será la incidencia de este crimen. Esta conclusión es obvia, aunque muchos se resisten a comprenderla.

Por ejemplo, ante la disponibilidad de armas en Estados Unidos, donde es más fácil conseguir un arma de asalto que una licencia para conducir, no extraña que su tasa de homicidios, en 4.7 por cada 100,000 habitantes, sea significativamente superior a la que se puede explicar por su nivel de desarrollo y otros factores, como la relativa eficacia de su sistema de justicia.

Debemos entonces preguntarnos, ¿a quién debemos responsabilizar por el tráfico letal de armas que envenena a América Latina? El mismo Departamento de Estado ha reconocido que la mayor parte de estos instrumentos mortíferos provienen de Estados Unidos.

El asunto de las drogas incrementa la probabilidad de convertirnos en víctimas o victimarios. Esta violencia exacerbada se genera por la lucha por el control del dinero producto del tráfico ilegal (las rentas extra-normales), no necesariamente por las acciones de quienes las consumen, a quienes se debe atender bajo la óptica de un problema de salud pública. Se crea un problema mucho más grave con la criminalización de las drogas que el asunto de salud en sí mismo. Si consideramos que la adicción es un problema de salud y le destinamos una fracción de los recursos que dilapidamos en la fallida guerra contra las drogas, al final tendremos mucho mejores resultados.

Si la droga fuera legal, de inmediato bajarían las rentas asociadas a su tráfico y de la misma forma disminuiría la violencia asociada que reporta esta agencia de la ONU en América Latina, no se trata simplemente de regalar drogas, pero definitivamente debemos considerar un cambio de estrategia.

Existen diferencias notables entre regiones y países en los índices de violencia. Sin prejuicios debemos preguntarnos, ¿cuáles son las razones profundas de estas diferencias?

El informe de la ONU menciona ejemplos de países que padecieron epidemias de violencia extrema, como Rusia y Sudáfrica, que en los últimos años han experimentado decrementos notables en sus tasas de homicidio. Rusia reportó niveles de violencia similares a los de México y en menos de una década logró reducirlos a la mitad. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué enseñanzas podemos tomar? ¿Qué seguimos haciendo mal?

Para empezar, me queda claro que debemos encontrar formas menos violentas de combatir el tráfico, pero sobre todo el consumo de drogas, mientras exigimos al gobierno de los Estados Unidos que tome medidas severas para detener el flujo de armas que nutre a la delincuencia organizada, y que representa un gran negocio para muchas empresas radicadas en ese país.

Entender las verdaderas causas de las elevadas tasas de homicidio en América Latina es fundamental para nuestro bienestar, incluso para nuestra sobrevivencia. No obstante, criminalizar la pobreza es injusto, hipócrita y muy conveniente para quienes evaden su responsabilidad en el tráfico de armas, el consumo incontrolado de drogas y la ineficacia de los sistemas de justicia, que son las causas profundas de esta violencia.

Fuente: elfinanciero.com.mx

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