Sin condiciones el Iepac

19 de febrero de 2015 09:06 AM

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En la etapa electoral que está viviendo el estado, en la que el Iepac lucha por su autonomía para tener pesos y contrapesos, existe una serie de aristas que no podemos dejar de mencionar. Al gobierno del Estado le conviene de nuevo tener el control de este instituto toda vez que le asegura -vía acción y/u omisión- el triunfo en las elecciones intermedias para que la segunda mitad del gobierno de Rolando Zapata Bello transcurra como la primera, opaca.

Para ello, el gobierno empleó la fuerza de la presión, que incluso pasó a ser insultante a la naturaleza humana, hacia algunos consejeros electorales -por la destitución de una figura importante en el órgano como lo es el secretario ejecutivo-. La presión no cumplió su objetivo en el Iepac y ésta se ha transferido como ráfaga a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, quienes tienen la última palabra para calificar la decisión de cinco consejeros electorales en la destitución de Esmit May Mex y Jiménez Méndez.

May Mex apeló a términos leguleyos basándose en conceptos laborales y en la defensa de sus derechos humanos. Olvidó de nuevo que el status laboral que tuvo como secretario ejecutivo del Iepac y servidor público es superado por la ley electoral, toda vez que los tribunales electorales de mayor jerarquía a nivel federal se han pronunciado que por ser primeramente un trabajador de confianza y por la magnitud del encargo que realiza se encuentra en una excepción que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como no violatorias ni de derechos laborales ni mucho menos de derechos humanos. En todo caso, si él considera que se le vulneró algún derecho laboral debería ir junto conmigo a la Junta de Conciliación y Arbitraje a interponer la demanda, cosa que no ha hecho ya que, como abogado, debería saber que al ser parte de una autoridad electoral el Tribunal facultado para conocer de su situación actual lo es uno de la materia electoral y no el laboral. En la sesión del pasado 24 de enero, cuando fue removido, Esmit apeló al derecho laboral, demostrando con eso su ignorancia (o su descaro) a lo dicho en el párrafo anterior. Lo mismo ocurre con los derechos humanos, aunque interpusiese una denuncia en la Codhey y ésta le diera la razón -como se esperase- su situación la define el Tribunal Electoral del Estado.

Al interponer recursos de apelación, sus defensores a ultranza, PRI, PVEM, PH, y PT, cometieron el mismo error y con ello retrasan, por el enorme expediente enviado, la resolución del Tribunal. Pero como no ha hecho ninguna de las dos cosas, me permito señalarle que su situación la resuelve el Tribunal Electoral del Estado. Punto.

Al tener el Tribunal la decisión de ratificar o no la actuación de cinco de los siete consejeros que actuaron conforme al simple y explicito artículo 114 de la Lipey, las presiones del gobierno del Estado al órgano jurisdisccional son actualmente más reiteradas, desesperadas, e incluso, amenazantes. Poco se puede esperar de Lizzet Cetz Canché, quien propuso a Esmit May Mex en 2013 para entrar al entonces Ipepac como director de capacitación y que en febrero de 2014 fue votado por unanimidad por los cinco consejeros del entonces Ipepac para ocupar la Secretaría Ejecutiva. Cabe señalar que la actual magistrada Cetz Canché es quien le propondrá a sus dos compañeros la resolución por medio de la cual se ratifica o no la actuación del Iepac y en consecuencia y debido a las presiones (o favores) del gobierno del Estado, se espera su voto a favor de la restitución de May Mex. Lo anterior lo han manifestado a propios y extraños del Iepac el propio consejero Antonio Matute y su leal servidor Carlos Pavón. De la actuación de Esmit vinculado con Antonio Matute y Víctor Caballero Durán hemos hablado en anteriores escritos; de la evaluación que se le hizo y que reprobó también dimos cuenta en el Diario en enero pasado. En consecuencia, el voto de Armando Valdez Morales y Fernando Bolio Vales está siendo vigilado por organizaciones sociales cuyo fin último es un Iepac con pesos y contrapesos, y donde todas las fuerzas políticas estén representadas en condiciones de equidad, igualdad e imparcialidad. Señora y señores magistrados, en ustedes está velar por los principios rectores de un instituto electoral ejemplar.

Su cargo dura tres, cinco y siete años, Rolando se va en 2018 para nunca volver ni convertido en Caballero.- Mérida, Yucatán.

Fuente: yucatan.com.mx

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