Para la CNDH es un expediente abierto, asegura ómbudsman

19 de febrero de 2015 10:02 AM

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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, se reunió con padres de los normalistas desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa y les expresó que para este organismo el expediente está abierto.

Además, José Larrieta Carrasco, jefe de la oficina especial de la CNDH para el caso Iguala, garantizó a los familiares que en la investigación no se dejará ningún cabo suelto.

Ayer, en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el ómbudsman nacional sostuvo el segundo encuentro con los padres de familia, luego de la visita que realizó a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos el 29 de diciembre pasado.

Durante la reunión hablaron sobre la sesión y las recomendaciones que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas hizo al Estado mexicano el pasado 13 de febrero, entre las que destaca la aprobación a la brevedad de una Ley General contra las Desapariciones Forzadas y el reconocimiento de la competencia del mismo comité para que pueda conocer casos individuales.

El ómbudsman hizo un breve recuento de su participación en Ginebra y dijo estar convencido de la importancia de varias recomendaciones hechas por el comité, mientras que el representante de los padres, Felipe de la Cruz, dijo que los familiares de los normalistas confían en el trabajo y la autonomía de la CNDH.

Familiares, organizaciones civiles y legisladores pidieron al gobierno mexicano atender las recomendaciones del Comité de la ONU.

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, consideró que “indiscutiblemente” existen desapariciones a lo largo del país, por lo que señaló que el gobierno mexicano debe reconocer el problema, no eludirlo.

Al inaugurar el foro “Avances y pendientes en materia de desaparición forzada de personas” en San Lázaro, reiteró que el primer remedio para enfrentar un problema es reconocer su gravedad.

Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, manifestó que “es crucial que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y sus expertos vengan al país para ver de primera mano qué está sucediendo, y el Estado mexicano debe aceptar esta visita.

“Este tipo de visitas no se pueden dar sin la autorización del Estado, y la pregunta es: ¿Por qué se está negando esta visita? ¿Qué es lo que no quieren que se vea? Es decir, la realidad es tan drástica, que por más discursos y declaraciones que dé el gobierno mexicano el tema sale a flote”, dijo el activista.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Aleida Alavez, reiteró el compromiso de la bancada perredista para legislar a la brevedad en esta materia, porque “es una cuenta pendiente con los mexicanos”.

Fuente: eluniversal.com.mx

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