Alegan que se cumple supervisión de albergues en Coahuila

22 de septiembre de 2014 08:03 AM

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Saltillo, Coahuila.- El Gobierno del Estado cumple, como lo obliga la Ley, con las revisiones sanitarias de los albergues de rehabilitación que operan en Coahuila, aseveró Armando Luna Canales, secretario de Gobierno.

El funcionario estatal negó que las dependencias locales se estén “echando la bolita” respecto a sus responsabilidades para la revisión del Centro de Rehabilitación Fundación Jóvenes de Saltillo.

En el mencionado albergue dos personas fueron denunciadas por familiares de menores de edad internos ahí y que presuntamente fueron víctimas de violaciones sexuales y extorsiones, lo cual investiga la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Los acusados, Hipólito Vázquez Pérez, alias “Papá Polo”, y Benito Juárez García, se encuentran desde ayer domingo recluidos en el Cereso Varonil de Saltillo a la espera de rendir su declaración preparatoria en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal.

“Se hacen revisiones en términos de la licencia sanitaria, eso es lo que se realiza, y además lo que la Ley obliga”, expresó el Secretario de Gobierno.

“Yo no veo que se ‘echen la bolita’, cada uno tiene que supervisar una cosa distinta”, destacó, “la Secretaría de Salud supervisa las condiciones sanitarias de los establecimientos, y otras autoridades verifican otros temas”.

Luna indicó que lo que hay que destacar es la respuesta de la PGJE ante las denuncias.

A las 5:30 horas de ayer ingresaron al Penal de Saltillo Hipólito Vázquez Pérez y Benito Juárez García, director y subdirector, respectivamente, de los albergues Centro de Rehabilitación Fundación Jóvenes, sobre quienes pesan cinco denuncias, cuatro por violación sexual y una por extorsión en perjuicio de menores de edad internos y familiares.

Manuel de Jesús González Gallardo, delegado de la PGJE en la Región Sureste, dijo que Vázquez Pérez, y Juárez García, están a la espera de rendir su declaración preparatoria ante el Juzgado Primero a cargo de Lucía Anhara Escareño Martínez, en un lapso máximo 48 horas.

“Obviamente el Juez está en su oportunidad de resolver lo que en derecho corresponda, ya sea el auto de formal prisión o el auto de libertad por falta de pruebas para procesarlos”, destacó González Gallardo.

Precisó, sin embargo, que ya sea la defensa o los propios inculpados pueden solicitar una ampliación constitucional a 144 horas antes de que el juez defina su situación jurídica.

González dijo que el Ministerio Público integró un cuadro de pruebas con alrededor de 46 testimonios y los resultados del desahogo de diversas pruebas periciales, a fin de obtener las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables.

El funcionario de la PGJE informó que los menores se encuentran a cargo del DIF y otros con sus respectivas familias.

En el caso de extorsión, del que fueron víctimas los familiares de la menor, González Gallardo explicó que los hechos de manera general consistían en que le pedían a madre de familia, una cantidad de dinero para efecto de poder dejar salir a su hija, y en caso de no hacer entrega del dinero, no le permitía salir.

Fuente: vanguardia.com.mx

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