'Lo único que puede hacer Santos es ejecutar decisión del Procurador'

16 de diciembre de 2013 04:40 AM

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'Lo único que puede hacer Santos es ejecutar decisión del Procurador'

Así lo anunció el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, en declaraciones con Noticias Uno.

En declaraciones a Noticias Uno, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, aseguró que “el Gobierno no valida ni invalida la decisión del Procurador”. Y subrayó que lo “único que puede hacer el Presidente de la República es ejecutar la decisión del Procurador”, que inhabilitó a Petro por 15 años.

Gómez Méndez añadió: “Para el Gobierno es claro que el Presidente no tiene ninguna facultad para destituir por sí y ante sí a ningún alcalde elegido”. Por esa razón, agregó el alto funcionario, “el Presidente no va a entrar en esta controversia, porque además considera que el punto está sumamente claro y sería muy peligroso para la democracia que se siente el precedente de que un Presidente puede destituir a un alcalde elegido”. (Lea también: Fiscalía ordenó indagación preliminar contra el Procurador).

El pronunciamiento del Gobierno, a través del Ministro de Justicia, se produce luego de una discusión jurídica que habían planteado el propio Petro y el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, sobre el papel que debía cumplir el Presidente en este asunto. ( Petro le pidió a Santos que 'salga a defender la Constitución').

Petro y Montealegre habían dicho que el balón estaba en manos de Santos, quien –según ambos funcionarios– debía decidir si el Alcalde se iba o no del Palacio Liévano.

“La Constitución y la ley, y ninguna otra norma lo contradice, dice que el Presidente es el que destituye al Alcalde de Bogotá”, había dicho Petro, quien citó el artículo 323 de la Constitución Política, que expresamente señala lo siguiente: “En los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente de la República suspenderá o destituirá al alcalde mayor”. (Lea también: Los testimonios que hundieron al alcalde Petro).

Esta norma se complementa además con lo que dicta el artículo 44 del Estatuto Orgánico de Bogotá, el cual es la norma especial que rige el funcionamiento del Distrito Capital. Allí, textualmente, se afirma que el “Presidente de la República destituirá al Alcalde Mayor”, entre otras causales “cuando así lo haya solicitado el Procurador”.

La semana pasada, Petro fue respaldado por Montealegre. “El Presidente tiene que tomar una decisión contundente acerca de la delimitación de competencias –expresó Montealegre–. O es el Procurador o es él. Yo le voy a solicitar al Presidente que tome una postura muy clara (...) La llave maestra para solucionar la crisis institucional la tiene el propio Presidente”. Anoche, el Gobierno fijó su postura y zanjó este debate jurídico planteado por el Alcalde y el Fiscal.

La posición asumida por Santos coincide con lo que han señalado varios expertos en la materia, como el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, quien sostuvo que no hay ninguna norma para que Santos “haga caso omiso” al fallo del Procurador, ni hay antecedentes en el país al respecto. “La destitución está en la providencia del Procurador. El Presidente la ejecuta para definir el nombramiento de su reemplazo a través de la terna y así evitar que haya un vacío de gobierno”, anotó Bernal Cuéllar.

El exalcalde Jaime Castro, a su turno, manifestó: “Esto ha sido estudiado y definido por la Corte Costitucional. En su sentencia C-229 de 1995, decidió que el Procurador impone la sanción y el Presidente la ejecuta”. Y Castro subrayó que el Presidente, simplemente, debe cumplir con el fallo del Procurador. Algo en lo que coincidió el abogado constitucionalista José Fernando Flórez, de la Universidad Externado.“El Presidente no puede dejar de aplicar el fallo en los términos constitucionales y legales, pues está obligado a cumplirlo”,

Alfredo Beltrán, expresidente de la Corte Constitucional, advirtió unas diferencias existentes entre el fallo que ordenó la suspensión del exalcalde Samuel Moreno, en mayo del 2011, y el que destituyó a Petro.

En el de Moreno, la Procuraduría habló de “ordenar la suspensión” y, en ese sentido, “comunicar esta decisión al Presidente para que proceda a dar inmediato cumplimiento”. Por su parte, en el de Petro no se habla de la comunicación del fallo al Presidente. Simplemente se habla de “imponer” la destitución e inhabilidad por 15 años al alcalde Petro.

Beltrán dijo que este matiz evidencia que el fallo debe ser analizado, porque el Procurador no puede destituir al Alcalde, a la luz del artículo 323 de la Constitución.

Fuentes de la Procuraduría dijeron que la decisión será informada al Presidente, una vez se surta la reposición instaurada por la defensa del alcalde Petro.

El alcalde de Bogotá llega esta semana a Washington en busca de respaldo para contrarrestar la decisión de la Procuraduría que lo destituyó de su cargo y lo inhabilitó por 15 años.

Petro, según fuentes, llegará el martes a la capital estadounidense y permanecería hasta el sábado. En principio tiene una reunión con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el pasado 28 de octubre radicó una solicitud de medidas cautelares para detener la acción del Procurador. Desde entonces, la CIDH ha estado revisando la solicitud y fuentes dicen que el organismo ha pedido más información tanto a los peticionarios como al Estado colombiano. Así mismo, Petro planea reunirse con miembros del Congreso de EE. UU. y con funcionarios del Departamento de Estado.

En el caso del legislativo, es probable una reunión con el senador Bob Menéndez, de Nueva Jersey. Durante la audiencia de confirmación del nuevo embajador de Washington en Bogotá, Kevin Whitaker, este senador se declaró “sumamente preocupado” por el caso de Petro y dijo que varias organizaciones internacionales de derechos humanos alegaban que no existió debido proceso. Petro también podría reunirse con algunos legisladores de la Cámara, entre ellos James McGovern y otros de orientación demócrata.

Anoche, Santos dijo: “El alcalde Petro por supuesto puede salir del país y no necesita mi permiso para visitar la CIDH. Toda supuesta víctima puede acudir a ella”.

Fuente: eltiempo.com

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